Yo también quiero romper acuerdos

     Es frecuente oír a políticos españoles, de izquierda y ultraizquierda, diciendo que hay que abolir el concordato con la Santa Sede (los pobres ignorantes ni siquiera sabe que no existe tal concordato y lo que hay son unos cuantos acuerdos sueltos). Los políticos de la derecha pagana, o por ser más ilustrados o por disimular ante los católicos, no suelen decir nada al respecto.
     Yo también tengo mis veleidades abolicionistas, en concreto en lo relativo al Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, que sigue vigente desde 1979. Contiene cierto reconocimiento civil del matrimonio canónico en el artículo VI (digo «cierto» porque no hay el menor reconocimiento de la indisolubilidad) y una obligación para la Iglesia en el protocolo final: «Inmediatamente de celebrado el matrimonio canónico, el sacerdote ante el cual se celebró entregará a, los esposos la certificación eclesiástica con los datos exigidos para su inscripción en el Registro Civil. Y, en todo caso, el párroco en cuyo territorio parroquial se celebró el matrimonio, en el plazo de cinco días, transmitirá al encargado del Registro Civil que corresponda el Acta del matrimonio canónico para su oportuna inscripción, en el supuesto de que ésta no se haya efectuado ya a instancia de las partes interesadas.»
     Lo que en la legislación española usurpa el nombre de «matrimonio» no es matrimonio por faltarle todo, desde la heterosexualidad a la estabilidad. Por tanto los católicos no debemos considerarnos, en absoluto, obligados a contraer ese «matrimonio» ni a dar efectos civiles al matrimonio canónico, ni siquiera aunque los digan los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, acuerdos de una época en que el matrimonio civil era heterosexual e indisoluble. Si yo me caso como Dios manda no tengo por qué pasar por la humillación de ser incluido en un registro junto a parejas de sodomitas, y con su misma categoría y valoración legal.
     El matrimonio civil, en España, para los católicos, debe plantearse de la misma manera que se plantea el adquirir la tarjeta de unos grandes almacenes o un bono para los autobuses: si los descuentos son interesantes y los compromisos que implica pocos, pues vale; si no, pues no. Y si es más ventajoso para conseguir plazas escolares, viviendas de protección oficial y subsidios varios que la esposa figure, a efectos civiles, como cabeza de una familia monoparental, pues familia monoparental cuya cabeza de familia tiene un «amigo especial».
     Y ya que no tenemos ninguna obligación moral, respecto al Estado español, en todo lo referente a su «matrimonio» y sus efectos lo mejor sería denunciar ese acuerdo por parte de la Santa Sede y eliminar esa obligación, que creo no cumplen muchos párrocos, de dar efectos civiles a todo matrimonio canónico. «Rebus sic stantibus.»